Cientos de familias viviendo en un edificio tomado. Una especie de conventillo moderno en un lugar completamente abandonado. Así era el Albergue Warnes, un espacio que se iba a convertir en un hospital pediátrico de renombre y terminó siendo el asentamiento donde una gran cantidad de gente se refugiaba de la intemperie. 

 

El terreno estaba ocupado. Poco se puede hacer cuando se ocupa la vivienda de alguien, pero cuando 700 familias ocuparon un edificio público la justicia se puso rápidamente del lado de los propietarios. No importaba el cómo, en la época menemista lo único que importaba era hacer respetar la propiedad privada.

 

Así fue que se dictaminó el desalojo de quienes habían construido su hogar entre las paredes derruidas de aquel edificio. A cambio, les prometieron una vivienda digna que nunca llegó. Se decidió construir un nuevo barrio en el sur de la capital - ahí donde nada se ve - y mudar a la fuerza a todos los que vivían en el Warnes.

 

Abandonar un hogar, de un día para el otro, sin certezas, sin contemplaciones de ningún tipo. Así fue, los vecinos agarraron sus pocas-muchas cosas y emprendieron una mudanza interminable. Poco importó que Soldati quedara lejos de Chacarita o que las nuevas viviendas se estuvieran construyendo sobre un basural. Poco importaron los reclamos y los pedidos de ayuda. Había que hacerlo, y había que hacerlo rápido. 

 

Fue Carlos Grosso, el entonces intendente de la Capital Federal, quien en 1990 dictaminó el traslado de los ocupantes del ex Albergue Warnes. Su decisión respondía supuestamente a las malas condiciones de vida que allí padecían. Los vecinos recuerdan la promesa: una casa con posibilidad de escrituración, situada en un barrio totalmente urbanizado que cumpliera con los artículos constitucionales que defienden y aseguran la vida ciudadana. Así se construyó el barrio Ramón Carrillo que constó de 700 casas de 25m2 de un solo ambiente, con baño y cocina. El asfalto era provisorio y la red cloacal estaba calculada para no más de dos habitantes por hogar.

 

Entre el 7 y el 9 de diciembre de 1990, las 646 familias del albergue fueron forzosamente trasladadas a sus nuevas viviendas en el flamante barrio. Era el traslado hacia la ilusión de la casa propia y el sueño de mejorar su calidad de vida. Olga Amador, vecina del Barrio Ramón Carrillo, recuerda aquel día: “Había como doscientos camiones de mudanza para todos los vecinos del albergue, era un caos moverse”. Todo proceso de relocalización es traumático y, pese a que las condiciones de vida de los habitantes del Warnes eran deplorables, la mudanza significó para ellos un gran desarraigo. Olga reflexiona acerca de lo que significó esta noticia para ellos y destaca que tuvieron que mudarse “a la fuerza”, a un lugar desconocido y lejano.  A partir de entonces, la historia del barrio cobró vida propia: si bien no hay un censo único y preciso, se estima que allí habitan más de diez mil personas. Y, junto con el crecimiento demográfico y en total ausencia del estado, las construcciones no planificadas comenzaron a proliferar.

 

Desde un primer momento los vecinos desalojados y reubicados denunciaron una serie de problemas en el barrio que el mismo Estado les había construido. Según el “Informe N° 1 Barrio Ramón Carrillo”, elaborado por la Defensoría General de la Ciudad: 

 

“Se registra un insuficiente y colapsado sistema de cloacas con permanentes desbordes de afluentes a las calles; anegamiento los días de lluvia; falta de pavimento y veredas; falta de alumbrado público; falta de acceso a agua para consumo humano; contaminación por basura y otros materiales de los terrenos y falta de espacios públicos y verdes adecuados”. 

 

Todos estos problemas tienen larga data y persisten en la actualidad. En apenas 90 días se armó un depósito de personas. El terreno elegido era un antiguo basural; un suelo de relleno y un vertedero de desechos industriales. Aún así, mudaron a las familias sin el respaldo de los estudios ambientales correspondientes. 

 

En el año 2004 comienza la batalla legal que continúan los vecinos hasta hoy. La comisión vecinal “Perfil para el Cambio” le inició juicio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se hicieran las obras correspondientes y subsanar los problemas edilicios del barrio, como la falta de alumbrado público o de cloacas. Olga, miembro de la junta vecinal del barrio, es la querellante de la causa. En la demanda se exige una serie de adaptaciones en la infraestructura: red de cloacas, pavimentos, veredas, alumbrado, gas natural y conexiones domiciliarias de agua. A su vez, solicita la realización de estudios ambientales que determinen el tipo y grado de contaminación. Si bien los vecinos saben que no tienen agua potable y no que no pueden consumirla, se han reportado casos de intoxicación simplemente por haber lavado utensilios de cocina con el agua del barrio.

 

Los problemas de infraestructura afectan también a las instituciones ya que sufren reiterados cortes de luz y agua. Olga relata que “hace unos meses la escuela del barrio no pudo abrir las puertas por casi una semana por este tema. Imaginate que eso nos complica a todos”.

 

Fue la intervención del Poder Legislativo lo que redefinió los términos de la relación entre sus habitantes y el Estado. La promulgación de la Ley de Emergencia Ambiental y de Infraestructura (Ley 1333/2004) volvió a ubicar a los habitantes del barrio sobre la agenda pública y su incansable lucha parecía hacer un pequeño avance. Se definió un conjunto de ámbitos en donde el gobierno de la ciudad debía ejecutar obras, que aún no se cumplen. Ante las sucesivas prórrogas de la Ley 1333, en los años 2010 y 2012, fue necesaria la intervención del Poder Judicial. 

 

A fines de 2014, el Departamento de Salud Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitió a la Defensoría del Pueblo los resultados de estudios realizados entre 2004 y 2010, que revelaron un total de 82 casos de intoxicación con plomo. Recientemente un bebé del barrio tuvo que permanecer internado por un cuadro de deshidratación, los médicos indicaron que fue debido a contaminación secundaria de su mamadera.  

 

Olga nos brindó información respecto a la causa y habló en profundidad sobre el tema que más la preocupa; el acceso a la red cloacal. En 2007, Jorge Telerman, intendente de la Ciudad, avanzó con una licitación para construir una estación de bombeo cloacal para asistir a los barrios de Los Piletones, Fátima y Ramón Carrillo. El objetivo era lograr que los desagües cloacales llegasen a su punto de vuelco correspondiente. Recién en 2012 comenzó la construcción de una red de cloacas a desembocar en la estación de bombeo construida anteriormente. A su vez, la Corporación Buenos Aires Sur estuvo a cargo de construir la cañería de impulsión cloacal que conecta la estación de bombeo con su punto de vuelco. Estas obras estuvieron supervisadas por distintos organismos y fueron asignadas a distintas empresas. 

 

Debido a la falta de coordinación y sincronización en la ejecución de las obras, su implementación nunca pudo llevarse a cabo. Si bien el Instituto de la Vivienda (IVC) finalizó la red colectora principal y avanzó con las conexiones domiciliarias, la Corporación Buenos Aires Sur no terminó la cañería de impulsión cloacal. A su vez, tanto la estación de bombeo como las redes de desagüe debían ser transferidas a AySA para que pudieran prestar el servicio, punto que tampoco se cumplimentó. 

 

Finalmente, el 21 de septiembre del año 2017, AySA dictaminó que “la estación de bombeo no contaba con las pruebas hidráulicas correspondientes, no se habían presentado los estudios de continuidad ni la puesta a tierra de las instalaciones electromecánicas exigidas por la ley.” Por estas razones, AySA decidió no recibir la transferencia de la red ni asumir su mantenimiento hasta tanto se resuelvan estos puntos.

 

Tras un amparo interpuesto por el grupo de vecinos y luego de los fallos en primera y segunda instancia a su favor, el Ministerio Público de la Defensa reclamó el cumplimiento de los derechos vulnerados por vía judicial. La sentencia del amparo judicial ordenó al gobierno de la ciudad presentar un plan de obras que garantice la adecuación de la infraestructura del barrio y su correcto funcionamiento. La promulgación de esta ley y su amparo judicial dan cuenta de la incidencia de organizaciones sociales del barrio en combinación con otros poderes públicos, quienes disputan un espacio en la agenda pública del gobierno. 

 

A finales del año 2015, la Defensoría General de la Ciudad propuso que los estudios ambientales y toxicológicos fueran llevados a cabo por la Universidad de Buenos Aires. Fue entonces cuando la cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía (FAUBA), con Martha Bargiela como coordinadora técnica, quedó a cargo del estudio ambiental.

 

La toma de muestras fue una tarea demandante e implicó el uso de una gran infraestructura.  Durante la investigación, se mezclaron los aspectos científicos con las tensiones sociales propias del lugar. Se percibía un miedo latente que había quedado en el aire en virtud del trauma pasado: la relocalización.

 

Así como sucedió con quienes vivieron en el Warnes, en otra época, quienes hoy habitan en barrio Ramón Carrillo se enfrentaban nuevamente a la posibilidad de un desarraigo, de ser forzados a abandonarlo todo: sus vínculos, sus trabajos, sus hogares. El barrio demandaba la solución de los problemas edilicios y ambientales, pero una mudanza no era una solución aceptable. Olga tiene en claro que, si bien las condiciones de Carrillo no son las ideales,  mudarse a su edad ya no es una opción y su lucha mantiene esto como estandarte.

 

El próximo año se cumplirán 30 años de promesas incumplidas. Las condiciones de vida de los ex habitantes del Albergue Warnes no solo no han mejorado sino que continúan deteriorándose. El gobierno de la ciudad no solo está incumpliendo el derecho constitucional a una vivienda digna, sino también la orden judicial de brindar una solución urgente a los problemas de contaminación del barrio.

 

Falta alumbrado público, falta asfalto, falta agua potable y faltan cloacas. En 30 años ninguno de estos problemas tuvo solución. Los habitantes del barrio esperan, como lo hicieron siempre, que finalmente alguien los escuche y recuerde que ellos también son parte de la “ciudad de todos los argentinos”.